En los dos últimos años han aumentado de manera significativa las reclamaciones interpuestas por ciudadanos y empresas a las administraciones públicas. Según algunos expertos, no se debe tanto a una peor gestión, ni a una mayor ineficacia, sino a que los ciudadanos nos hemos vuelto más exigentes.
Según informa el portal de noticias Infobae, el año pasado subieron un 40% las reclamaciones interpuestas a las administraciones públicas por falta de transparencia. En concreto, por la no presentación de información a la que el solicitante pensaba que tenía acceso, por fallo negativo respecto a recursos administrativos interpuestos anteriormente y por silencio administrativo, cuando este silencio implica la denegación de una solicitud.
Los ciudadanos opinan que las administraciones públicas son demasiado opacas en cuanto a la información que manejan y que les atañe directamente. Pero la falta de transparencia no parece ser esta la única causa que motiva las reclamaciones de los ciudadanos, temas como la sanidad, la ley de Dependencia y la vivienda son asuntos que suelen motivar una gran cantidad de quejas que se gestionan por la vía administrativa.
Los abogados de Abogados Santander, un bufete legal que trata asuntos de índole civil, penal, laboral, mercantil y administrativa nos recuerdan que el derecho administrativo tiene sus particularidades. Antes de iniciar la vía judicial, el proceso contencioso-administrativo, es imprescindible agotar la vía administrativa. Es decir, los cauces internos de reclamación que establecen las administraciones públicas para que los ciudadanos puedan exigir sus derechos y expresar sus quejas sobre acciones u omisiones que consideran injustas o que les perjudican a nivel personal. Un laberinto burocrático en el que con frecuencia el ciudadano medio transita perdido.
Y es que la reclamación ante la administración tiene sus plazos y sus formas. Con frecuencia, más estrictos que el procedimiento judicial. No seguirlo puede implicar la pérdida de un derecho.
La administración local y autonómica se lleva la palma.
La Revista Haz subraya que las reclamaciones se han disparado en el ámbito local y autonómico.
Las reclamaciones ante las Comunidades Autónomas, por falta de transparencia, han subido un 72%, siendo especialmente significativo el aumento de quejas en comunidades como Asturias, Cantabria y las Islas Baleares.
Por otro lado, las reclamaciones ante las administraciones locales, los ayuntamientos, referidas a temas informativos, han aumentado un 75%.
El hecho de que las administraciones más próximas concentren el aumento de las quejas, hay que buscarla en la cantidad y tipo de competencias que gestionan.
El Estado de las Autonomías se ha desarrollado delegando en las comunidades autónomas la gestión de la mayor parte de los servicios públicos. Servicios tan importantes como la sanidad, la educación, el empleo o la vivienda, se gestionan desde las comunidades autónomas. La administración del Estado, en estos ámbitos, cumple una labor de coordinación y de fijar las reglas generales, que luego las comunidades autónomas aplican según su interpretación.
La administración del Estado se reserva, para sí, áreas estratégicas como Hacienda, Justicia o Defensa, E incluso aquí, aparece una pugna entre los intereses nacionales y territoriales. Como el interés en Cataluña por parte de algunas fuerzas políticas de gestionar territorialmente la recaudación del IRPF.
Al aumento de las reclamaciones a la administración local se debe a que son asuntos que nos afectan de manera directa en nuestro día a día. Como son las licencias de apertura de un negocio, las multas de tráfico por mal aparcamiento, el mal estado de calles y mobiliario urbano, las deficiencias en la limpieza de la ciudad o los efectos sobre la población de las obras municipales.
La lentitud de la justicia.
La revista El Cronista se hizo eco de una encuesta que efectuó la Universidad de Valencia entre ciudadanos de esa ciudad que arrojaba el dato de que el 94% de los encuestados opinaban que la justicia no funciona bien.
Sin entrar a valorar la justeza o no de las sentencias judiciales, uno de los problemas que alegaron los participantes en este estudio fue el de la lentitud de la justicia. Un 97% opina que se debería destinar más fondos públicos para mejorar este servicio.
Aunque en los países democráticos impera la división de poderes propuesta por Montesquieu e impuesta por la Revolución Francesa, en la que el Estado se divide en tres poderes independientes, que están separados entre sí: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, no debemos olvidar que la justicia la gestiona un sistema funcionarial, la administración de justicia.
Uno de los problemas endémicos de esta administración es la saturación. Debida, en gran parte, a que no está totalmente informatizada. Funciona con procedimientos, basados en documentos escritos, propios del siglo XIX. Según los juristas, se hace así, porque de esta manera se aseguran las garantías judiciales. Pero la realidad es que en algunos asuntos asistimos a juicios de hechos cometidos con hasta 10 años de antelación respecto a la vista judicial.
Es curioso como el Estado se ha dado prisa en digitalizar áreas como Hacienda y, sin embargo, se resiste a hacer lo mismo con Justicia.
Encuestas de este tipo evidencian la opinión que tiene la sociedad, o una parte de ella, sobre el funcionamiento de la administración. El cual consideran burocrático e improductivo. Señalan puntos débiles que se deben abordar, pero no hay que darle más importancia que esta.
Enarbolar estos planteamientos, hoy en día, pueden alimentar posiciones populistas que conducen al totalitarismo y a la pérdida de confianza en las instituciones. Algo que puede acarrear desandar el camino avanzado en los últimos 50 años.
Las reclamaciones más habituales.
Una de las opiniones más extendidas entre los ciudadanos respecto al funcionamiento de las administraciones públicas es la del exceso de burocracia. Para tener acceso a un derecho, que en ocasiones es evidente, como puede ser beneficiarse de las prestaciones de la Ley de Dependencia, cuando se tienen síntomas médicos que muestran que una persona no puede valerse por sí misma, el interesado debe aportar una gran cantidad de documentos que acreditan su situación. Información que se supone que las administraciones públicas ya tienen a través del servicio de salud, de la seguridad social y de otras instituciones. Al interesado le obligan a realizar una serie de trámites, gestiones y recopilación documentos, que las propias administraciones podrían conseguir de manera más rápida.
La otra opinión generalizada es la de que las administraciones públicas son rápidas cuando tienen que cobrar, pero se hacen de esperar cuando tienen que pagar. Un hecho que exaspera al beneficiario, puesto que parece como si hubiera dos varas de medir.
Estas ideas se concretan en quejas y reclamaciones. Estas son algunas de las más habituales:
-
Retrasos administrativos.
Una de las quejas más habituales son las demoras en la resolución de los expedientes. Cualquier solicitud a la administración pública inicia un expediente administrativo que los funcionarios deben valorar para reconocer el derecho, otorgar la licencia o conceder una prestación.
En ocasiones, el beneficiario está parado, con las manos atadas, hasta que no recibe la contestación de las administraciones públicas. Es el caso de la puesta en marcha de un negocio. En la que el empresario debe tener en mano todas las licencias necesarias para poner en marcha la actividad.
Para abrir un restaurante, por ejemplo, además de la licencia de apertura, necesitas la licencia de hostelería C-3 y la licencia de obras en el caso de que haya que hacer reformas. Hasta que todo no esté en regla, el restaurante no puede abrir sus puertas.
La espera hasta recibir los documentos necesarios crea incertidumbre. Puesto que en la mayoría de los casos, el silencio administrativo se entiende como permiso está denegado.
Otro caso parecido sucede con las personas que se encuentran en una baja médica prolongada, y que su situación va camino de la invalidez. Una incapacidad permanente que en este caso se concede de oficio, no la solicita el afectado. El enfermo ve cómo su baja se va prolongando mes tras mes. Que el estado le sigue pagando. Pero no sabe si va a tener que someterse a un tribunal médico, si tiene que presentar más informes sanitarios sobre su estado de salud, si tiene que realizar algún trámite, o si en cualquier momento le llaman para que se reintegre al trabajo. Desconoce cuál va a ser su situación futura.
La falta de información sobre el estado de las solicitudes es otro de los problemas que suelen suscitar reclamaciones.
-
Impugnación de sanciones y multas.
Este es otro motivo habitual de reclamación. Toda sanción o multa puede ser impugnada por los canales que la administración pública abre para esta finalidad.
Son habituales las multas de tráfico que los afectados impugnan porque consideran que los hechos sancionados no son ciertos o porque valoran que la multa es excesiva.
En el mundo empresarial las multas están a la orden del día. Presentar tarde las declaraciones del IVA o abonar fuera de plazo las autoliquidaciones de los pagos trimestrales a Hacienda son objeto de multa, además del consiguiente recargo y pago de intereses. Los errores en la contabilidad o la falta de facturas es otro de los hechos sancionables, habituales entre empresarios y autónomos.
Muchas veces estos incidentes se producen por descuidos o por desconocimiento de la norma. Aunque, como dice el derecho, el desconocimiento de una ley no exime de su cumplimiento.
Si el afectado logra demostrar que los hechos sancionables no son ciertos, o que se han producido de manera diferente a como los describe la administración, se puede lograr la anulación de la multa o la sustitución por otra sanción de menor cuantía.
Esta es una pretensión factible, se puede conseguir y de hecho, muchas veces sucede. También las administraciones públicas se pueden equivocar. El problema radica en que hasta que el recurso se resuelve, la persona afectada está obligada a pagar la multa en la cuantía y forma estipulada.
Si al final, la administración le da la razón, anulará la sanción y le devolverá las cantidades pagadas. Pero antes debe haberlas abonado. No hacerlo así es perjudicial para el afectado. Puesto que irá acumulando multas y recargos, haciendo que la cantidad debida crezca exponencialmente.
-
Acceso a los servicios públicos.
Esta es una de las situaciones que generan una alta cantidad de reclamaciones diarias. Se trata de servicios, derechos y prestaciones reconocidas, y que, sin embargo, el beneficiario tiene dificultades para acceder a ellas.
Uno de los ejemplos más claros de lo que estamos hablando son las listas de espera en sanidad. Para que a un enfermo le puedan practicar unas pruebas que son imprescindibles para avanzar en el diagnóstico y tratamiento, en ocasiones se le somete a unos tiempos de espera prolongados, que van en detrimento de su salud. Lo mismo sucede con visitas a algunos especialistas e intervenciones quirúrgicas. Un trasplante de riñón, que afecta a personas en una situación de salud grave, tiene un tiempo de espera medio de entre 18 y 24 meses.
La digitalización de las comunicaciones con la administración es una medida que se está implementando para agilizar los trámites. Administraciones como Hacienda o comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía ya efectúan la mayoría de los trámites por internet, no los atienden de manera presencial. Aquí nos encontramos con el problema de que muchas personas, sobre todo de determinada edad, no se manejan bien por internet. Tener la obligación de tramitar ayudas a la dependencia por sede electrónica no es la mejor solución, dejas fuera a buena parte de los beneficiarios. Podemos pensar que no llueve a gusto de todos, pero lo cierto es que las administraciones públicas, en algunas ocasiones, no atienden a todas las situaciones posibles y no facilitan, en los hechos, el acceso universal al servicio público. La solución no puede ser que los ciudadanos se busquen la vida para acceder a derechos que tiene reconocidos.
Algunas personas opinan que las administraciones públicas funcionan desligadas a la realidad de la gente. No es que sean poco eficaces. Medidas como la digitalización, sobre el papel, agiliza los trámites. Lo que sucede es que nos hemos vuelto más exigentes y no aceptamos determinadas relaciones.
.
