En nuestro país, el panorama de separaciones y divorcios ha cambiado notablemente en los últimos años, reflejando tanto transformaciones sociales profundas como variaciones en las dinámicas familiares y personales. Aunque muchas personas asocian el aumento de rupturas con una simple crisis de las relaciones, lo cierto es que los datos y tendencias recientes muestran un cuadro más complejo que merece ser analizado con cuidado. La estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) indica que en 2024 se registraron un total de 86.595 casos de separaciones y divorcios, lo que supuso un incremento del 8,2 % respecto al año anterior y una tasa de 1,8 disoluciones por cada 1.000 habitantes. Este repunte se produce tras varios años de descenso y sitúa la cifra por encima de los registros de 2023, aunque todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia de COVID-19.
Las cifras, sin embargo, no son uniformes en todo el territorio español. En regiones como Murcia, la tasa de disoluciones, que incluye divorcios y separaciones, es mayor que la media nacional, con cifras significativamente altas por cada 1.000 habitantes. Asimismo, comunidades como las Islas Canarias y Baleares lideran el número de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, proyectando un mapa geográfico de variaciones culturales, económicas y sociales que influyen en la estabilidad familiar.
Detrás de estos números hay múltiples fuerzas sociales que han impulsado el aumento de separaciones y divorcios. Una de ellas es la transformación de las normas sociales y culturales en torno al matrimonio. El estigma que antaño pesaba sobre la separación se ha reducido considerablemente en España, haciendo que muchas personas no sientan la necesidad de mantener una relación insatisfactoria por temor al juicio social. La independencia económica, especialmente entre las mujeres, ha sido un factor determinante: contar con autonomía financiera permite a muchas parejas tomar decisiones de ruptura sin depender económicamente de la otra parte, lo que ha sido clave en el denominado «divorcio gris», donde parejas de más de 50 años optan por separarse tras décadas de convivencia.
Además, la naturaleza de las relaciones ha evolucionado con el tiempo. Con una menor proporción de matrimonios que en décadas anteriores y una mayor aceptación de formas diversas de convivencia, el matrimonio ya no es necesariamente visto como una institución inmutable. Las parejas tienden a casarse más tarde y, en muchos casos, después de haber convivido juntos durante años, lo que modifica las expectativas y prioridades dentro de la relación. En consecuencia, cuando surgen tensiones irreconciliables, la separación se percibe menos como un fracaso y más como una reconfiguración natural de la vida en pareja. Esta percepción también puede explicar parte del incremento de custodias compartidas, que alcanzaron en 2024 casi la mitad de los casos de divorcio con hijos menores, reflejando un cambio en la responsabilidad parental y en las expectativas de género dentro de las familias.
Otro aspecto importante es el contexto económico y social, tal y como nos apunta la abogada Silvia Fernández de Durán & Enguita Abogadas, quien nos explica que la dificultad para acceder a una vivienda digna o el estrés derivado de condiciones laborales precarias puede incrementar las tensiones dentro de las parejas, debilitando la cohesión matrimonial. Por otro lado, el incremento de separaciones consensuadas, donde ambas partes acuerdan los términos sin confrontaciones prolongadas, sugiere que muchas rupturas se gestionan de forma más dialogada y menos conflictiva que en el pasado.
¿Cómo se gestionan los divorcios en los que hay hijos menores?
La gestión de los divorcios en los que hay hijos menores se centra, ante todo, en proteger su bienestar y garantizar que sus derechos y necesidades queden por encima de los intereses individuales de los progenitores. En España, la ley establece que cualquier decisión relacionada con los hijos debe adoptarse atendiendo al principio del interés superior del menor, lo que condiciona todo el proceso de separación o divorcio, ya sea de mutuo acuerdo o contencioso.
Cuando la pareja se divorcia de mutuo acuerdo, los progenitores presentan ante el juzgado un convenio regulador en el que se recogen todos los aspectos que afectan a los hijos. En este documento se establecen cuestiones como el tipo de custodia, el régimen de visitas, la contribución de cada progenitor a los gastos de manutención, el uso de la vivienda familiar y la forma en que se tomarán las decisiones importantes relacionadas con la educación, la salud o el lugar de residencia. Aunque exista acuerdo entre los padres, el juez y el Ministerio Fiscal revisan el contenido para asegurarse de que no perjudica a los menores antes de aprobarlo.
En los divorcios contenciosos, en los que no hay acuerdo, la gestión es más compleja. El juez debe decidir tras valorar las pruebas aportadas por ambas partes, los informes psicosociales y, en algunos casos, la opinión de los propios menores si tienen suficiente madurez y edad. El objetivo no es premiar o castigar a ninguno de los progenitores, sino determinar qué organización familiar resulta más estable y beneficiosa para los hijos. En este contexto, se analizan factores como la disponibilidad de tiempo, la capacidad de cuidado, la relación previa con los menores y la voluntad de favorecer la relación con el otro progenitor.
En cuanto a la custodia, puede ser exclusiva, compartida o, en situaciones muy concretas, atribuida a un tercero. En los últimos años ha aumentado la custodia compartida, al considerarse que, cuando es viable, permite a los hijos mantener un vínculo equilibrado con ambos padres. No obstante, no es una solución automática y se descarta si existe conflicto grave, violencia o circunstancias que puedan afectar negativamente a los menores.
