En los últimos años, los abogados de nuestro país están atendiendo un número creciente de casos relacionados con el derecho de familia, una rama jurídica que refleja de forma directa los cambios sociales, económicos y culturales que vive el país. Este aumento no responde a una única causa, sino a una combinación de factores que tienen que ver con la transformación de los modelos familiares, una mayor conciencia de los derechos individuales y una disposición cada vez mayor a acudir a la vía legal para resolver conflictos que antes se gestionaban en el ámbito privado.
Uno de los ámbitos donde más se percibe este incremento es en los procesos de separación y divorcio. Aunque estas figuras están plenamente normalizadas desde hace décadas, las circunstancias actuales hacen que los procedimientos sean, en muchos casos, más complejos. Las familias ya no responden a un único patrón, y es habitual encontrar situaciones con hijos de distintas relaciones, parejas no casadas, custodias compartidas o patrimonios más diversificados. Todo ello requiere un asesoramiento jurídico especializado para garantizar acuerdos justos y sostenibles en el tiempo, lo que incrementa la demanda de abogados expertos en derecho de familia.
A este fenómeno se suma una mayor sensibilidad social hacia cuestiones como la protección de los menores. Los padres y madres son cada vez más conscientes de la importancia de regular adecuadamente aspectos como la custodia, el régimen de visitas, las pensiones alimenticias o las decisiones relacionadas con la educación y la salud de los hijos. Los abogados desempeñan aquí un papel clave, no solo como representantes legales, sino también como orientadores que ayudan a canalizar los conflictos de la forma menos perjudicial posible para los menores, ya sea mediante acuerdos amistosos o, cuando no es posible, a través de procedimientos judiciales.
Otro factor relevante es el aumento de los casos relacionados con modificaciones de medidas. Las circunstancias personales y económicas cambian con el tiempo, y muchas resoluciones judiciales dictadas años atrás dejan de ajustarse a la realidad actual. Cambios en los ingresos, traslados de residencia, nuevas responsabilidades familiares o situaciones de desempleo llevan a muchas personas a solicitar revisiones de las condiciones previamente acordadas. Este tipo de procedimientos, cada vez más habituales, requiere un conocimiento profundo tanto de la legislación como de la jurisprudencia, lo que refuerza la necesidad de contar con abogados especializados.
El envejecimiento de la población también está influyendo en el crecimiento del derecho de familia. Asuntos como la guarda y cuidado de personas mayores, los conflictos entre familiares por cuestiones de dependencia o la gestión de situaciones de incapacidad legal están llegando con más frecuencia a los despachos de abogados. Estos casos suelen tener una fuerte carga emocional y requieren un enfoque especialmente sensible, en el que el conocimiento jurídico se combine con habilidades de mediación y empatía.
Además, tal y como nos cuenta la abogada Ana González, la sociedad española muestra una mayor disposición a defender sus derechos a través de los canales legales. Temas que antes se aceptaban sin cuestionamiento, como el impago de pensiones, el incumplimiento de regímenes de visitas o situaciones de desprotección dentro del ámbito familiar, ahora se denuncian con más frecuencia. Este cambio de mentalidad ha contribuido a que los abogados de familia tengan un papel más visible y activo, actuando como garantes de los derechos y deberes de cada parte.
¿Por qué otras consultas se acude asiduamente a los abogados?
Además del derecho de familia, las personas acuden habitualmente a los abogados por una amplia variedad de consultas relacionadas con su vida personal, profesional y patrimonial. El derecho civil es una de las áreas más demandadas, ya que abarca cuestiones cotidianas como contratos, reclamaciones de deudas, conflictos entre vecinos, arrendamientos y compraventas. Muchos ciudadanos buscan asesoramiento legal antes de firmar un contrato o cuando surgen incumplimientos, con el objetivo de proteger sus intereses y evitar problemas mayores en el futuro.
El derecho laboral es otra de las ramas con mayor volumen de consultas. Despidos, reclamaciones salariales, modificaciones de las condiciones de trabajo, accidentes laborales o situaciones de acoso en el entorno profesional llevan a trabajadores y empresas a acudir a abogados especializados. En un mercado laboral cambiante, conocer los derechos y obligaciones de cada parte resulta esencial, y el asesoramiento jurídico permite afrontar conflictos laborales con mayor seguridad y respaldo legal.
También es muy frecuente la consulta a abogados en materia de derecho mercantil y societario, especialmente por parte de autónomos y pequeñas y medianas empresas. La constitución de sociedades, los pactos entre socios, la redacción de estatutos, los conflictos internos o el cierre de negocios son situaciones en las que la intervención de un abogado resulta clave. Este tipo de asesoramiento no solo se busca cuando surge un problema, sino también de forma preventiva para estructurar correctamente la actividad empresarial.
Por su parte, el ámbito del derecho inmobiliario genera igualmente un gran número de consultas. Compra y venta de viviendas, contratos de alquiler, desahucios, problemas con promotoras o reclamaciones por defectos de construcción son cuestiones habituales en los despachos. Dado el alto valor económico y emocional que suele tener la vivienda, contar con asesoramiento legal especializado aporta tranquilidad y reduce riesgos en operaciones complejas.
